La prisión preventiva en el Ecuador: excepcionalidad, incidencia cuantitativa y tensiones con la presunción de inocencia
DOI:
https://doi.org/10.59169/pentaciencias.v8i2.1823Palabras clave:
prisión preventiva; presunción de inocencia; medida cautelar; motivación reforzada; incidencia cuantitativaResumen
En el Ecuador, existen incesantes controversias en torno a la prisión preventiva, debido a su relevante efecto en la vulneración de derechos fundamentales como lo son todo lo relacionado a la presunción de inocencia, el debido proceso y la libertad personal; ya que si bien la Constitución la enmarca a la prisión preventiva como una medida cautelar, excepcional y subsidiaria y proporcional, su aplicación habitual hace tambalear su garantía a la excepcionalidad y a la propia utilización de la prisión preventiva como una sanción anticipada. El objetivo de este estudio fue analizar la configuración constitucional, legal y convencional de la prisión preventiva y determinar si su aplicación responde a los estándares de protección de derechos previstos en el ordenamiento jurídico ecuatoriano y en el sistema interamericano. La investigación parte de que esta medida solo debe aplicarse cuando exista una justificación concreta del peligro procesal, ya sea por riesgo de fuga o por obstaculización, además de demostrarse que otras medidas cautelares menos gravosas resultan insuficientes. Se utilizó un enfoque mixto, con predominio cualitativo, mediante el análisis de normativa constitucional y penal, jurisprudencia nacional e interamericana, estándares convencionales y datos institucionales correspondientes al período 2022–2024. Los resultados evidenciaron que una proporción relevante de personas privadas de libertad en el Ecuador permanecía sin sentencia condenatoria ejecutoriada, alcanzando en determinados años una relación aproximada de cuatro de cada diez personas. Estos hallazgos reflejan una tensión con el principio de excepcionalidad de la prisión preventiva y evidencian la necesidad de fortalecer la motivación judicial, valorar de manera efectiva las medidas cautelares alternativas y reforzar el control constitucional sobre la privación cautelar de libertad.
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